Atención: Texto original en portugués. Traducción automática al español.
El Acuerdo de Escazú, discutido en 2018 en Costa Rica, es el primer tratado internacional que incluye disposiciones sobre defensores de derechos humanos en materia ambiental. La importancia de la medida se pone de relieve por las altas tasas de letalidad de los activistas ambientales, una triste realidad que prevalece en países de América Latina, África y Asia.
En resumen, el acuerdo tiene 4 ejes[1], orientados a: 1) mayor participación social en las etapas de toma de decisiones en proyectos ambientales, abarcando a grupos vulnerables afectados por impactos ambientales; 2) ampliación del acceso a la información ambiental y mayor transparencia ante los órganos responsables de actuar en esta materia; 3) ampliar el acceso a la justicia, la resolución de conflictos y la compensación de daños, con especial atención a los grupos más vulnerables; y 4) protección de denunciantes y activistas ambientales, destacando el deber de prevenir, investigar y sancionar amenazas y ataques contra estos grupos
El tratado busca mitigar algunas de las consecuencias de los efectos socioambientales de la corrupción en esta zona, entre las que se ha vuelto constante la amenaza y asesinato de activistas. Vincenzo Ruggiero señala que más de la mitad de estos homicidios ocurren en países latinoamericanos, especialmente en países de la región amazónica, siendo Brasil el más peligroso del bloque de estas naciones. Una situación similar ocurre en México, lamentablemente marcado por altísimos índices de crimen organizado, violencia y corrupción, lo que lleva a la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas inocentes cada año, incluidos activistas ambientales.
Los patrocinadores de los asesinatos provienen de diferentes áreas, siendo siempre posibles vínculos con la industria extractiva (mineral, madera, petróleo) o poderosos intereses agroindustriales de la región[3]. Las personas involucradas en los esfuerzos por conservar biomas y especies en peligro de extinción también son víctimas frecuentes, una realidad muy presente en los países africanos.
No faltan ejemplos de defensores ambientales que han sido criticados después de oponerse a grupos involucrados en la minería ilegal, la deforestación y/o el acaparamiento de tierras. Entre ellos, algunos casos se vuelven notorios y martirizados en Brasil, como el de Chico Mendes asesinado en 1988 por agricultores (en 2007 su legado fue honrado con la creación del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad – ICMBio), o el de la misionera Dorothy Stang en 2005, o recientemente con Bruno Pereira y Dom Phillips en 2022.
Tampoco es posible olvidar los enfrentamientos entre tribus indígenas e invasores de sus tierras, y funcionarios públicos que trabajan a favor de la protección del medio ambiente[4] en el IBAMA, ICMBio, FUNAI, Policía Federal, Ministerio Público Federal, Policía Militar Ambiental, entre otros.
No hace mucho, Projeto Ruptura señaló dos casos de ambientalistas asesinados en México por organizaciones criminales que avanzan en la extracción de recursos naturales. Uno de los activistas fallecidos, Álvaro Arvizu Aguiñiga, fue asesinado en las instalaciones del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (CENTLI), donde trabajaba, ubicado en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Otro defensor de derechos humanos, Cuauhtémoc Márquez Fernández, investigador en agroecología y apicultura, fue atacado en su casa en Cañada del Agua, en Tlalmanalco.[5]
El precio de asesinar a alguien es bajo en Brasil y México. No en vano, ambas naciones tienen altísimos índices de violencia y homicidios[6], y muy pocos porcentajes de resolución de estas investigaciones[7]. Según el estudio titulado “Donde vive la impunidad” realizado por el Instituto Sou da Paz, sólo el 37% de los homicidios ocurridos en Brasil en 2019 fueron resueltos[8]. En el caso mexicano, esta tasa es aún peor, con una tasa de solución de alrededor de 3 de cada 100 homicidios[9].
Como podemos ver, el problema va mucho más allá de los asesinatos y las amenazas a defensores de derechos humanos en materia ambiental. Pero el Acuerdo de Escazú encabeza una respuesta internacional a un fenómeno que no ha recibido la debida atención, y por omisión (y en ciertos casos por acción) del Estado en diferentes regiones del mundo, poderosos intereses han avanzado en sus métodos extractivos y violentos.
Algunas de las regiones más pobres y vulnerables del mundo proporcionan los recursos y materiales que impulsan la economía global. A medida que estos mercados se expandan y la demanda aumente, la frecuencia con la que los activistas medioambientales se encontrarán en la línea de fuego irá en la misma línea[10]. Según Ruggero:
O assassinato de ativistas ambientais é uma forma de aniquilação proativa; é premeditado, não é reativo ou impulsivo, não é uma resposta a alguma ameaça imediata. Em vez disso, tem a intenção de ser dissuasivo para aqueles que não são mortos, de modo que aqueles que estão inclinados a seguir os passos dos ativistas saibam o preço de sua possível decisão[11].
La escalada de violencia acompañó los diversos retrocesos socioambientales e institucionales impuestos por las acciones y omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro. El Acuerdo de Escazú, aunque firmado por Brasil en 2018, no fue remitido al Congreso para su ratificación hasta mayo de 2023[12]. Se espera que el Legislativo reconozca la importancia de este compromiso internacional y que el Estado brasileño implemente medidas políticas e institucionales necesarias para la gobernanza ambiental y la democracia en el país.
NOTAS E REFERÊNCIAS [1] https://transparenciainternacional.org.br/acordo-de-escazu/ [2] Para uma análise mais detalhada da ONG Transparência Internacional: https://comunidade.transparenciainternacional.org.br/asset/111:acordo-de-escazu?stream=1 [3] RUGGIERO, Vincenzo. Killing Environmental Campaigners: Manifest and Latent Justifications. Criminological Encounters, v. 3, n. 1, 16 dez. 2020, p. 93. [4] É possível encontrar inúmeros exemplos com uma simples pesquisa, vide um exemplo recente (fev. 2023): https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2023/02/23/ponto-de-fiscalizacao-na-terra-yanomami-e-alvo-de-atentado-e-garimpeiro-e-baleado.ghtml [5] Cfr. https://www.projetoruptura.org/post/newsletter-7 [6] Cfr. https://jpmas.com.ni/este-es-el-ranking-de-las-50-ciudades-mas-violentas-del-mundo/ [8] Cfr. https://soudapaz.org/noticias/estados-brasileiros-perdem-capacidade-de-esclarecer-homicidios-revela-estudo-do-instituto-sou-da-paz/ [9] Cfr. https://www.mexicoevalua.org/solo-3-de-cada-100-homicidios-dolosos-se-resuelven-en-el-sistema-de-justicia-penal/ [10] RUGGIERO, op. cit., p. 100 [11] Ibidem [12] https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/noticias/governo-envia-acordo-de-escazu-para-o-congresso