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  • Foto del escritorEduardo Schneider Lersch

Errores y éxitos en la agenda ambiental: una mirada a los primeros seis meses del gobierno de Lula

Actualizado: 7 jul 2023

El actual gobierno de Lula se aseguró de presentarse como un contrapunto al gobierno de Bolsonaro en las elecciones de 2022 y se comprometió a deshacer actos que en los últimos años han socavado la protección ambiental, que terminaron por asfixiar la estructura establecida a favor de este objetivo constitucional.


En ese sentido, el gobierno inició con la renovación de compromisos internacionales y se reforzaron tratados como el Acuerdo de París, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En el ámbito interno, el mayor guiño a los ambientalistas se planteó con el nombramiento de Marina Silva en el Ministerio del Medio Ambiente.


Si bien la transición a modelos de energías limpias y tecnologías más verdes son medidas de mediano a largo plazo, algunas de las directrices prioritarias del gobierno giran en torno a prácticas que contribuyen a la emisión de gases que acentúan el calentamiento global. Los ejemplos más evidentes incluyen la promoción del proyecto de fabricación de modelos de “automóviles populares” y las nuevas perspectivas de perforación de pozos para la exploración petrolera.


En el caso más sonado, relacionado con la perspectiva de exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, el IBAMA, luego de realizar la Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria (AAAS), rechazó la propuesta presentada por Petrobras para la perforación de nuevos pozos en aguas profundas. , entendiendo que la empresa sería incapaz de brindar las salvaguardas necesarias en caso de fuga y mitigar otros impactos socioambientales considerados significativos.


La denominada AAAS es un proceso de evaluación multidisciplinario que se lleva a cabo en proyectos de exploración de petróleo y gas natural ubicados en cuencas sedimentarias marinas y terrestres. Regulado por la ordenanza conjunta 198/12 entre el Ministerio del Medio Ambiente y el de Minas y Energía[1], este procedimiento cauteloso comprende los impactos ambientales, los riesgos a la biodiversidad y a los recursos naturales de la propia actividad exploratoria, así como el aumento de caudal y otros actividades originadas por la promoción económica de este tipo de explotación. Estas observaciones están de acuerdo con los principios de precaución, prevención y prohibición de retroceso previstos en el artículo 225 de la Constitución Federal, con la esencia de la Política Nacional Ambiental (PNMA) y con la Política Nacional de Cambio Climático (Ley No. / 2009).


Las decisiones de esta naturaleza son altamente técnicas y los problemas señalados por el IBAMA son extremadamente relevantes. La perforación sería en aguas más profundas de la desembocadura, a diferencia de otros pozos perforados en aguas poco profundas de la cuenca. El área tiene el 80% de los manglares de Brasil, con varias especies en peligro de extinción. Una eventual fuga de petróleo podría llegar a aguas fuera del territorio brasileño “en hasta 10 horas y, en 15 horas, en el caso de una fuga grande”, lo que exige la cooperación internacional en el caso de la extracción de petróleo. Sin embargo, cualquier rescate de embarcaciones en suelo brasileño podría demorar hasta 43 horas[2]. También existen impactos potenciales sobre las poblaciones indígenas, lo que requiere complementar la información proporcionada en la última propuesta.


Estas son algunas de las cuestiones básicas que deben resolverse para la eventual aprobación de un proyecto de esta naturaleza, y es importante recordar que la ordenanza que regula la AAAS trata la concesión de esta actividad como una excepción, y no como una regla, a favor de los objetivos de desarrollo sostenible.


Esta fue una acción habitual del organismo ambiental, pero que llamó la atención por el conflicto interno desatado en la base del gobierno, el aparente aislamiento del Ministro del Medio Ambiente y los ataques a una decisión técnica del organismo ambiental[3]. Sumado a esto, también se destacó la atención del actual Presidente de Petrobras en la aprobación del proyecto[4]. Son agravantes que pueden equipar y evidenciar un desajuste con la agenda ambiental cuando la agenda es de desarrollo económico, que incluyen intereses que van en contra del zeitgeist de los esfuerzos nacionales e internacionales contra la crisis climática y el desarrollo sostenible.


El caso ha sido objeto de comparación con la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingu, en la que también participaron personalidades del actual gobierno. Debe observarse cierta proporcionalidad entre la magnitud de las obras, sin embargo, los paralelismos son evidentes en que poderosos agentes presionaron para la aprobación de la licencia ambiental de la hidroeléctrica, sin remediar los impactos socioambientales consecuencia directa de la obra. Indicada como consecuencia directa de la obra, la región afectada vio aumentar la violencia urbana en un 1.110% entre 2000 y 2015, el desplazamiento forzado de la población local e indígena elevó a la ciudad de Altamira (PA) a una de las más violentas del país [5]. A este índice alarmante se suma el aspecto de la expansión del crimen organizado en la región, involucrado tanto en delitos ambientales como en el control de rutas de tráfico internacional.


La cautela de las agencias ambientales también está marcada, en parte, por la sombra que Belo Monte aún arroja sobre la agenda ambiental. Los impactos socioambientales, la pérdida de biodiversidad, fauna y flora afectan directamente a las poblaciones locales y originarias de las zonas afectadas. El momento demanda el reforzamiento de los organismos ambientales que, además del rol administrativo en el licenciamiento ambiental, también necesitan enfrentar organizaciones criminales violentas y armadas en su rol de fiscalización.


En los estados de las regiones Norte y Nordeste, el IBAMA, el ICMBio, la Policía Federal y otros órganos de fiscalización hacen frente a la constante permanencia del crimen organizado en la región. Facciones criminales como el PCC operan en la actividad minera ilegal en la región[6], donde el territorio indígena yanomami revela una grave crisis humanitaria y política[7]. Es notable el incremento de la violencia entre indígenas, mineros e integrantes de instituciones[8], motivado por el potencial lucro que persiguen los delitos ambientales, el lavado de dinero a través del oro y la ruta internacional del narcotráfico que recorre estas zonas.


Los guiños positivos contra estas actividades ilícitas vinieron del refuerzo gubernamental para mantener el orden en la región y del Supremo Tribunal Federal, que en mayo de 2023 suspendió -por unanimidad- la presunción de buena fe en el mercado del oro. Este vacío legal permitía la venta de oro solo con la información de los vendedores, sin ninguna indicación del origen del metal, facilitando el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales como el PCC.


El potencial de lavado de dinero derivado de los delitos ambientales es un tema que no recibe la debida atención. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), las ganancias obtenidas por delitos ambientales generan entre 110 y 281 mil millones de dólares al año[9], a través de actividades como la deforestación, el tráfico de animales silvestres, el tráfico de desechos y la minería ilegal.


Un gobierno elegido bajo la promesa de avanzar en la agenda ambiental tiene el deber de buscar avances legislativos, institucionales y políticos en estas agendas. Conciliar las agendas verdes con el desarrollo económico de la región requiere parsimonia. El fortalecimiento de los órganos ambientales y de fiscalización es un deber que responde al interés público ya los objetivos constitucionales del país, acciones en ese sentido hablarían mucho más que discursos electorales.


Fontes:

[1]https://app.sogi.com.br/Manager/texto/arquivo/exibir/arquivo?eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9AFFIjAvNTU1MzcvU0dfUmVxdWlzaXRvX0xlZ2FsX1RleHRvLzAvMC9QT1JUQVJJQSBJTlRFUk1JTklTVEVSSUFMIE1NRSAtIE1NQSBOwrogMTk4LCBERSAwNS0wNC0yMDEyLmRvYy8wLzAiAFFPUiEeMJdFGKSJMe0XI5VseSqiylNkagZgz3X91EmdMo [2] https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2023/ibama-nega-licenca-de-perfuracao-na-bacia-da-foz-do-amazonas/parecer-coexp-fza-59.pdf [3] https://www.camara.leg.br/noticias/965142-marina-silva-critica-retirada-de-atribuicoes-do-meio-ambiente-na-mp-dos-ministerios/ [4] https://oglobo.globo.com/blogs/malu-gaspar/post/2023/05/presidente-da-petrobras-diz-a-conselheiros-que-exploracao-na-foz-do-amazonas-deve-ser-liberada-em-seis-meses.ghtml [5] BRUM, Eliane. Brasil construtor de ruínas, 2019, p. 78. [6] https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2023/05/03/pcc-acao-garimpeiros-terra-indigena-yanomami.htm [7] https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2023/03/22/crise-yanomami-dois-meses-depois-presenca-de-garimpeiros-impede-chegada-de-servicos-de-saude-a-comunidades-diz-davi-kopenawa.ghtml [8] https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2023/05/06/mulher-e-encontrada-morta-em-regiao-de-assassinatos-de-indigena-e-garimpeiros-na-terra-yanomami.ghtml [9] https://www.fatf-gafi.org/en/topics/environmental-crime.html

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